El gobierno valora suspender la autonomía de Cataluña

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Artur Mas se ha superado a sí mismo. Esto es lo que piensan ahora en La Moncloa, donde hace apenas una semana afirmaban que ya nada les sorprendía del presidente en funciones de la Generalitat. Se equivocaban y lo reconocen.

En el Gobierno, el espectáculo de los 400 alcaldes, vara de mando en alto,acompañando al líder independentista hasta las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se ha interpretado como un desafío abierto a la ley, como un auténtico choque entre el poder local, el más cercano a los ciudadanos, y el poder judicial. Los acontecimientos de los últimos días han desembocado en la recuperación por parte del Ejecutivo de la idea de utilizar el artículo 155 de la Constitución para, en último término, suspender la autonomía.

Algo «inaceptable», en opinión de Rajoy, que amenaza con acabar convirtiéndose en una «barbaridad», como sostiene Sáenz de Santamaría. El pulso es cada vez más fuerte y no hay síntoma alguno que permita vislumbrar un relajo. El propio Mas abrió un nuevo escenario de guerra cuando sugirió la posibilidad de desacatar una hipotética sentencia de inhabilitación.

«Depende del momento político en que llegue y de la situación jurídica del país», explicó con esa calculada ambigüedad pensada para no provocar el rechazo de aquellos a los que necesita -la CUP- para volver a ser investido, y que defienden la desobediencia frontal al Estado.

Y ante este panorama que ya evidencia una imposible marcha atrás, el Gobierno ha recuperado un arma que hace unas semanas pensaba que en ningún caso tendría que utilizar: el artículo 155 de la Constitución que permitiría arrebatar competencias a la Comunidad Autónoma, lo que llevado al límite implicaría de facto la suspensión de la autonomía.

Ante el reto del independentismo, el Ejecutivo engrasa los mecanismos necesarios y estudia las posibilidades de un artículo que nunca se ha aplicado pero, como advirtió ayer la vicepresidenta, «no todos los preceptos de la Constitución requieren un desarrollo legislativo para activarse».

El artículo 155 tiene como protagonista el Senado, una Cámara que se disolverá a finales de mes. No obstante, en Moncloa aseguran que la Diputación Permanente, el órgano que mantiene los poderes parlamentarios del Pleno hasta que se constituyan las nuevas Cortes surgidas de las elecciones, tendría competencias para llevar a cabo el proceso de aplicación de la norma.

Además, el artículo establece que si una Comunidad Autónoma no cumpliese las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Un mecanismo extremo

Se trata de un mecanismo extremo y de carácter coercitivo para situaciones de excepcional gravedad. Su procedimiento se contempla en el artículo 189 delReglamento del Senado. En virtud del mismo, el Gobierno debería presentar ante el presidente de la Cámara un escrito detallando el contenido y alcance de las medidas propuestas, así como la justificación de haber requerido al presidente de la Comunidad Autónoma y la explicación de su incumplimiento. Toda la documentación se remite a la Comisión General de las Comunidades Autónomas y ésta requerirá al presidente de la Comunidad para que remita las alegaciones pertinentes y designe, si lo desea, la persona que asuma su representación.

La Comisión formulará propuesta razonada sobre si procede o no aprobar la solicitud del Gobierno. El Pleno de la Cámara someterá a debate dicha propuesta y procederá a su votación, siendo necesario para aprobarla el voto favorable de la mayoría absoluta de Senadores.

El aviso de Santamaría, ayer, no hacía sino amplificar la afirmación del ministro de Justicia, Rafael Catalá: «Si llegase el momento habría que aplicarlo». Para la vicepresidenta no es cuestión de que lo diga un ministro o un Gobierno, «es cuestión de la Constitución, que señala claramente cómo todos los gobernantes, incluidos los presidentes autonómicos, tienen que respetarla y velar por los intereses generales del conjunto».

«Artur Mas», añadió, «piensa que la democracia es él, y la democracia es el cumplimiento de la ley y el respeto al poder judicial. Está pasando por encima de lo que son los pilares básicos de cualquier democracia. Pero, desde luego, el Gobierno hará que respete la ley y que las decisiones de los tribunales las acate y las cumpla».

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